Año
2020

Ante preocupantes antecedentes en la región, las organizaciones pertenecientes a Al Sur solicitan a los gobiernos de América Latina y el Caribe que las tecnologías digitales aplicadas ante la pandemia de COVID-19 respeten los Derechos Humanos.

Grupo de trabajo
Año
2019

Aunque el término seguridad privada podría ser muy amplio, este informe se centra en el uso de tecnologías de vigilancia por parte de la seguridad privada en el campo de la "seguridad ciudadana". En un contexto de creciente digitalización de nuestras sociedades, este documento brinda pistas sobre los desafíos de política pública más urgentes e importantes en el contexto de la protección de nuestros derechos humanos.

Grupo de trabajo
Año
2019

Presentación sobre cómo los Estados utilizan cada vez más las tecnologías de vigilancia en América Latina y el Caribe como una forma de intimidación, perfilamiento y vigilancia de los defensores de los derechos humanos. Este documento fue la respuesta a una convocatoria conjunta realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente están trabajando en su informe sobre la situación de los derechos humanos defensores en las Américas.

Grupo de trabajo

Informe anual AlSur 2024

Un AlSur preparado para el futuro (Imagen resumen)

El año 2024 nos dejó con más sombras que luces con respecto al balance de los derechos humanos en entornos digitales. Fue un año marcado por múltiples vulneraciones en conflictos políticos y sociales, retrocesos en el cumplimiento de derechos fundamentales y mayores tensiones entre Estados y las plataformas. También, tuvo como protagonista la elaboración de varios instrumentos internacionales como el Pacto Digital Global y la Convención Internacional contra los Ciberdelitos—ambos con varios aspectos criticables y cuyas razones argumentamos más adelante. 

Año
2024

En Latinoamérica se ha promocionado la Inteligencia Artificial (IA) con una narrativa de desarrollo económico y social. Sin embargo, la omisión de un diálogo articulado entre las entidades del Estado y con las organizaciones de la sociedad civil dibuja una compleja cartografía de preocupaciones éticas, metodológicas y hasta epistemológicas en relación con la regulación de la IA en los países de la región.

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