Ante preocupantes antecedentes en la región, las organizaciones pertenecientes a Al Sur solicitan a los gobiernos de América Latina y el Caribe que las tecnologías digitales aplicadas ante la pandemia de COVID-19 respeten los Derechos Humanos.

Aunque el término seguridad privada podría ser muy amplio, este informe se centra en el uso de tecnologías de vigilancia por parte de la seguridad privada en el campo de la "seguridad ciudadana". En un contexto de creciente digitalización de nuestras sociedades, este documento brinda pistas sobre los desafíos de política pública más urgentes e importantes en el contexto de la protección de nuestros derechos humanos.

Presentación sobre cómo los Estados utilizan cada vez más las tecnologías de vigilancia en América Latina y el Caribe como una forma de intimidación, perfilamiento y vigilancia de los defensores de los derechos humanos. Este documento fue la respuesta a una convocatoria conjunta realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente están trabajando en su informe sobre la situación de los derechos humanos defensores en las Américas.

El Gobierno de Brasil abrió una consulta pública en torno a cómo reglamentar el tratado de Marrakech. Para esto, el consorcio de organizaciones de Al Sur buscó responder a la siguiente pregunta en la consulta: “¿Debe establecerse un requisito de disponibilidad comercial de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4 del artículo 4 del Tratado de Marrakech? Justifique su respuesta”.

El presente documento es presentado por el consorcio Al Sur y fue preparado por uno de sus miembros, Fundación Karisma (Colombia), en respuesta a la solicitud realizada por la la UIT para que la sociedad civil de cuenta sobre los problemas y desafíos existentes para la expansión de la conectividad en zonas rurales y remotas, y el papel de las redes comunitarias en este proceso de reducción de la brecha digital urbano-rural.

El presente documento es presentado por el consorcio Al Sur y fue preparado por uno de sus miembros, Fundación Karisma (Colombia), en respuesta a la solicitud realizada por la la UIT para que la sociedad civil de cuenta sobre los problemas y desafíos existentes para la expansión de la conectividad en zonas rurales y remotas, y el papel de las redes comunitarias en este proceso de reducción de la brecha digital urbano-rural.

EFF, EDRi, IT-Pol Denmark, Article 19, Derechos Digitales, Homo Digitalis junto con Al Sur, hicieron un reporte conjunto con comentarios al nuevo borrador del Segundo Protocolo Adicional de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

Recordemos que en el 2017, el Consejo de Europa y su Comité de Delitos Cibernéticos comenzaron a preparar un protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre Delitos Cibernéticos, una nueva herramienta para que las autoridades policiales tengan acceso a los datos en el contexto de las investigaciones penales.

En octubre del 2019, Al Sur envió un informe para contribuir al reporte temático del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este documento, compartimos información sobre cómo las nuevas tecnologías han contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos en el contexto de asambleas y protestas pacíficas en América Latina, pero, al mismo tiempo, cómo el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados locales a veces socava los derechos de reunión y protestas pacíficas.