Al Sur lanza su reporte “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias de la implementación de una tecnología perversa”, el cual analiza la implementación de tecnologías biométricas para fines de vigilancia en nueve países de la región.
El uso de certificaciones de vacunación y/o pasaportes COVID-19 para limitar el tránsito y evitar la expansión del coronavirus, ha sido desde hace varios meses, un tema de discusión. En varios países, de hecho, estas certificaciones ya son requeridas para ingresar a ciertos establecimientos o para desplazarse en el territorio. La digitalización y creación de un sistema de seguimiento internacional de las certificaciones, es un siguiente paso en este proceso, no obstante éste puede afectar los derechos humanos y las oportunidades de las personas.
A raíz de la investigación realizada por el laboratorio de seguridad de “Amnistía Internacional” y la organización “Forbidden Stories”, que expuso el uso del programa malicioso Pegasus, creado por la empresa israelí NSO, para la vigilancia de personas a través de sus dispositivos móviles, el consorcio Al Sur de once organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en entornos digitales, se manifiesta:
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