Vigilancia normalizada y su efecto en las personas defensoras

América Latina atraviesa un momento de profundas transformaciones políticas y tecnológicas. En varios países de la región, el ascenso de gobiernos que priorizan respuestas centradas en la seguridad, el control del orden público y el fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado coincide con una acelerada expansión de tecnologías digitales de vigilancia. Esta convergencia resulta especialmente preocupante en una región que continúa registrando algunos de los índices más altos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y opositores políticos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos en la era digital, en cumplimiento del mandato otorgado mediante la Resolución 58/23. AlSur presentó su contribución a este informe, consciente de la creciente importancia de este tema en el contexto actual. 

De los análisis realizados por AlSur y la reflexiones que se derivaron de la contribución entregada en el proceso identificamos una serie de riesgos y algunas recomendaciones que podrían servir para una agenda propositiva para la región en estos temas:

El problema crece

Para las organizaciones que hacen parte de AlSur la expansión de la inteligencia artificial, las tecnologías biométricas, las plataformas de monitoreo digital y las infraestructuras privadas de datos está modificando la forma en que los Estados ejercen funciones de seguridad y control. Estas transformaciones no son problemáticas por sí mismas; el desafío radica en que, en gran parte de la región, están ocurriendo en escenarios caracterizados por instituciones débiles, altos niveles de impunidad, escasa transparencia y marcos regulatorios insuficientes para proteger los derechos humanos.

Durante los últimos años, las organizaciones que integran AlSur han documentado una tendencia preocupante: la vigilancia tecnológica está dejando de ser una herramienta excepcional para convertirse en un componente permanente de la gobernanza pública. La expansión de estas capacidades no solo afecta derechos como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación o el derecho a la protesta, sino que también altera el equilibrio entre seguridad y democracia, ampliando las posibilidades de vigilancia sobre quienes ejercen funciones esenciales para el control del poder.

Como lo documentó la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero (informe A/80/219), las personas defensoras de derechos humanos son uno de los grupos más expuestos a esta transformación. La vigilancia digital, el uso de software espía, el reconocimiento facial, la biometría, las campañas coordinadas de desinformación y las nuevas capacidades de análisis automatizado incrementan los riesgos para quienes documentan abusos, acompañan comunidades, investigan corrupción o participan en procesos de incidencia pública.

Esta situación se agrava por la creciente participación de empresas privadas en el desarrollo, operación y comercialización de tecnologías de vigilancia. La privatización de funciones tradicionalmente estatales introduce nuevos desafíos para la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático, mientras decisiones con profundas implicaciones para los derechos fundamentales se desplazan cada vez más hacia espacios con menor escrutinio público.

Podemos ver a esta población como el canario en la mina, y por tanto, con base en la evidencia recopilada por AlSur, podemos afirmar que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia regional. La combinación de políticas de seguridad cada vez más expansivas, tecnologías de vigilancia más sofisticadas y controles democráticos insuficientes está configurando un entorno particularmente adverso para las personas defensoras de derechos humanos y, con ello, para la salud de las democracias latinoamericanas.

Ocho riesgos que AlSur identifica en la región

A partir de la evidencia recopilada durante los últimos años, AlSur identifica ocho tendencias que deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda regional.
 

1. La vigilancia dejó de ser excepcional

Las investigaciones muestran un crecimiento sostenido del uso de tecnologías como el reconocimiento facial, la biometría, la interceptación de comunicaciones, el análisis masivo de datos y otras herramientas de monitoreo digital. Su incorporación a las políticas públicas está convirtiendo la vigilancia en una práctica permanente y no en una medida excepcional.

2. Las leyes amplían las capacidades del Estado, pero no sus controles

En numerosos países persisten leyes de vigilancia y seguridad redactadas antes de la era digital o reformas recientes que amplían facultades estatales sin incorporar garantías suficientes. Normas sobre ciberdelito, ciberseguridad, desinformación o leyes que limitan las operaciones de las organizaciones -como las leyes anti ONG en  Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela-, también están siendo utilizadas para restringir derechos o ampliar capacidades de vigilancia.

3. La vigilancia continúa utilizándose de forma abusiva

Las organizaciones de AlSur han documentado casos de interceptaciones ilegales, uso de software espía, vigilancia contra periodistas, activistas y personas defensoras, así como recolección de información utilizada para procesos de criminalización o estigmatización.

4. Las empresas se han convertido en actores centrales del ecosistema de vigilancia

La vigilancia ya no depende exclusivamente de los Estados. Empresas tecnológicas diseñan, suministran y operan buena parte de la infraestructura utilizada para vigilancia, mientras los procesos de contratación permanecen frecuentemente rodeados de opacidad y escasos mecanismos de control.

5. Los ataques digitales tienen consecuencias fuera de Internet

El acoso en línea, la exposición de información personal, las campañas de desprestigio y la desinformación rara vez permanecen en el ámbito digital. En numerosos casos documentados por AlSur, estos ataques preceden o acompañan amenazas físicas, procesos de judicialización o violencia contra personas defensoras.

6. Los impactos no afectan por igual a todas las personas

Las mujeres defensoras, las personas LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las poblaciones rurales enfrentan riesgos diferenciados derivados de desigualdades históricas que las tecnologías pueden profundizar.

7. Las plataformas digitales también forman parte del problema

Los sistemas de moderación de contenidos, la cooperación entre plataformas y autoridades públicas y el acceso gubernamental a datos personales generan nuevos desafíos para la protección de quienes ejercen la defensa de derechos humanos.

8. La inteligencia artificial amplifica riesgos existentes y crea otros nuevos

La automatización de procesos de vigilancia, el perfilamiento algorítmico y el uso de sistemas biométricos incrementan la capacidad de monitoreo estatal y privado. Estas tecnologías, especialmente el reconocimiento facial, reducen el anonimato en el espacio público y pueden facilitar la identificación de personas durante protestas, reuniones o actividades de incidencia.

¿Qué propone AlSur?

La evidencia recopilada por las organizaciones miembro demuestra que la expansión de la vigilancia no constituye únicamente un desafío tecnológico. Es, ante todo, un desafío para la democracia y el Estado de derecho.

Por ello, AlSur propone avanzar en siete líneas de acción prioritarias:

• Regular las tecnologías de vigilancia desde un enfoque integral de derechos humanos.
• Actualizar los marcos legales sobre vigilancia, ciberseguridad y ciberdelito incorporando salvaguardas efectivas.
• Fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas.
• Exigir a las empresas procesos robustos de debida diligencia en derechos humanos y mayores obligaciones de transparencia.
• Regular el uso de inteligencia artificial y tecnologías biométricas mediante evaluaciones de impacto en derechos humanos y restricciones para aplicaciones de alto riesgo, como el reconocimiento facial en espacios públicos.
• Incorporar la seguridad digital y la protección frente a amenazas tecnológicas en los mecanismos de protección para personas defensoras.
• Promover modelos de gobernanza digital participativos, con una participación efectiva de la sociedad civil en las decisiones sobre tecnologías que afectan derechos fundamentales.

Una agenda para América Latina

La expansión de la vigilancia en América Latina no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Responde a cambios más profundos en la manera en que los Estados y las empresas gestionan la seguridad, los datos y el espacio público. Por ello, el desafío no consiste únicamente en reaccionar frente a casos concretos de abuso, sino en comprender las transformaciones estructurales que están ocurriendo y construir mecanismos democráticos capaces de gobernarlas.

Es importante mantener este tema en la agenda pública no solo para hacer efectiva la protección de las personas defensoras de derechos humanos, también para trabajar por las condiciones que hacen posible el ejercicio de las libertades y el funcionamiento mismo de nuestras democracias y por tanto de las economías de la región.

Los invitamos a conocer el informe, a reflexionar sobre lo que acá les contamos, a profundizar consultando la contribución que enviamos el pasado mes de abril, y, sobre todo, a mantener esta discusión en la agenda pública.