Certificaciones digitales de vacunación, ¿Medida efectiva o un pasaporte a la desigualdad?
El uso de certificaciones de vacunación y/o pasaportes COVID-19 para limitar el tránsito y evitar la expansión del coronavirus, ha sido desde hace varios meses, un tema de discusión. En varios países, de hecho, estas certificaciones ya son requeridas para ingresar a ciertos establecimientos o para desplazarse en el territorio. La digitalización y creación de un sistema de seguimiento internacional de las certificaciones, es un siguiente paso en este proceso, no obstante éste puede afectar los derechos humanos y las oportunidades de las personas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sostenido una serie de consultas a expertos/as para poder establecer criterios sobre la implementación de las certificaciones digitales. El resultado ha sido la Guía: “Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status: technical specifications and implementation guidance". De acuerdo a “Privacy Internacional”, esta Guía, si bien no es específica sobre los alcances de los certificados de vacunación y los datos que deben o no ser recolectados, sí establece que la crisis de salud no debe brindar a los gobiernos una carta blanca para vulnerar derechos básicos y que se deben mantener las obligaciones legales de protección de datos y privacidad de las personas. Se reconoce que la implementación de certificados de vacunación digitales pueden conllevar varios riesgos a los derechos humanos. Por ende, un pre-requisito para establecer esta medida, es generar mecanismos de protección de datos”.
El consorcio Al Sur, a través de la representación de María Paz Canales, Directora Ejecutiva de la organización Derechos Digitales de América Latina, fue parte del proceso de consulta por parte de la OMS. En una entrevista, María Paz brinda su perspectiva con respecto a varias de las interrogantes en torno a la implementación de las certificaciones digitales de vacunación y sus implicaciones para los Derechos Humanos:
1. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones con respecto a la digitalización y/o creación de sistemas digitales sobre los certificados de vacunas para el COVID-19?
María Paz: La digitalización de los certificados de vacunación va acompañada de un aumento de la cantidad de datos recogidos e incrementa la posibilidad de generar eventos de acceso no autorizado a esa información para propósitos que pueden ser completamente distintos a los objetivos de asegurar la continuación de prestaciones de salud y prueba de inmunización. Creado el antecedente digital, y al forzar a la población a circular con esta información en sus dispositivos digitales, el riesgo de pérdida de control, derivado de usos no relacionados al tratamiento de salud, se extiende exponencialmente.
2. La OMS establece que existe limitada evidencia sobre la eficacia de establecer un pasaporte COVID-19, no obstante, la discusión sigue en pie y muchos Estados están limitando el tránsito a partir del uso de las certificaciones de vacunas. ¿Por qué la insistencia y qué lleva a los Gobiernos a buscar establecer certificaciones digitales de vacunación?
Los Estados intentan buscar atajos a la reactivación de la actividad social y generar incentivos a la vacunación. Eso que en principio puede parecer positivo, se torna en un arma de doble filo que consistentemente perjudica y profundiza los riesgos de discriminación para poblaciones ya previamente vulnerables. La creación de un pase de movilidad genera la posibilidad de condicionar el acceso a oportunidades de empleo a la titularidad de estos, en el marco de campañas de vacunación que aún no alcanzan la universalidad y, cuyas condiciones de duración de inmunidad no se encuentra científicamente determinada aún. Un uso de este tipo tendrá consecuencias indudables de discriminación, pero también desafíos logísticos en cómo se vigila que continúe la adopción de otras prevenciones sanitarias como el distanciamiento social y uso de mascarillas.
3. ¿Cómo una certificación digital de vacunación podría abrir más las brechas y desigualdades a nivel internacional, entre el Norte y Sur Global?
En un contexto en que la disponibilidad de vacunas en el Norte y el Sur global, y al interior de grupos vulnerables de población se mantiene como no equitativo, se agrega además la cuestión geopolítica de reconocimiento de la efectividad de algunas vacunas producidas por otros países. Aquellos habitantes de países que han accedido mayoritariamente a vacunas no reconocidas por países desarrollados del norte global, corren el riesgo de mantenerse afectados por restricciones en la movilidad internacional y con ello impactar en su posibilidad de acceder a oportunidades de empleo o de influencia en la toma de decisiones a nivel global.
4. Una eventual creación de un sistema internacional de pasaporte COVID-19, podría implicar serias complejidades de gobernanza de información y datos personales. ¿Estamos listos - como región - para tener esa discusión?
Con grandes disparidades en la forma en la cual cada país está desplegando sus campañas de vacunación, lidiando con problemas estructurales de acceso a servicios de salud e información oportuna de prevención de riesgos de contagio, y en un contexto de debilidad institucional en la protección de datos personales (entre ellos datos sensibles de salud) resulta bastante prematuro pensar un sistema unificado de pasaporte sanitario en la región.
5. Como parte del consorcio Al Sur y la organización que diriges, Derechos Digitales de América latina, fuiste parte del proceso de consulta para la creación de los lineamientos de la OMS sobre el uso de certificaciones digitales de vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo evalúas el proceso y los resultados plasmados en a partir de la guía publicada por la OMS?
El proceso no fue fácil con una serie de actores públicos y privados presionando fuertemente a la organización para alcanzar un guía que facilitara un despliegue de certificados de vacunación, sin necesariamente destinar suficiente atención a los riesgos implicados en tal desarrollo. En ese sentido, pese a las dificultades, el proceso resultó exitoso al lograr integrar algunas de las principales preocupaciones en torno a los riesgos para el ejercicio de derechos más allá de la privacidad de este tipo de certificaciones. Sin embargo, aún persisten dudas respecto a la discrecionalidad que la guía da a los gobiernos en la implementación sin ir suficientemente lejos en cuanto a la justificación de la necesidad de desarrollar sistemas digitales para la certificación, modelos de gobernanza de acceso y uso de datos, controles a los distintos actores involucrados (particularmente del sector privado) y desarrollo de capacidades humanas, normativas y de infraestructura para mitigar riesgos de seguridad.
6. ¿Qué valor le das al hecho que la OMS y otros organismos internacionales, hagan este tipo de consultas?
Es muy valioso que la OMS esté abierta a reunir perspectivas de una diversidad de actores en una temática que impacta de lleno en el ejercicio de derechos fundamentales, más allá de los impactos específicos de salud. En otros casos estas consultas se limitan al parecer de los Estados, quienes muchas veces, por un sentido de urgencia, creen que es posible dejar en segundo plano las consideraciones de ejercicio de derechos, como si éstas no fueran parte de la solución integral que debe ofrecerse a la ciudadanía en situaciones de crisis.
7. ¿Qué recomendaciones harías a los gobiernos de América Latina con respecto al despliegue/implementación de estos mecanismos de control?
La primera recomendación es que realicen una evaluación realmente cuidadosa acerca del impacto que el despliegue de estos mecanismos digitales puede tener en el ejercicio de derechos dada las limitaciones regulatorias e institucionales que los países de la región registran en materia de protección de datos personales. Un sistema de este tipo no puede diseñarse en ausencia de una adecuada gobernanza y supervisión, con control externo y transparencia hacia la ciudadanía en el uso y acceso a sus datos para propósitos estrictamente limitados a consideraciones de salud. Segundo, atención a su contexto de infraestructura y conectividad para evitar que la digitalización sea un mecanismo adicional de exclusión de sectores ya vulnerables de la población. Los certificados de vacunación en papel han sido históricamente suficientes para cumplir fines sanitarios y no hay necesidad de reemplazarlos por complejos y costosos sistemas técnicos cuyos beneficios adicionales no estén comprobados.
8. ¿Cómo poder limitar la expansión de variantes de alto riesgo y hacer una vigilancia epidemiológica sin tener que implementar abusivos sistemas de vigilancia de las personas que vulneren su privacidad y otros derechos?
Cualquier despliegue de certificados de vacunación u otra variante de pases de movilidad, debe ir acompañada de una gobernanza que limite el acceso y uso de datos a finalidades de atención de salud, sin que sus efectos se hagan extensivos al control del ejercicio de otro tipo de derechos como acceso al empleo, educación o beneficios sociales. Evitar la asociación de tales documentos a sistemas de identificación también puede ser una forma efectiva de evitar que estos tengan posibilidad de ser usados derivadamente para otros fines. En general, limitar al máximo la información recogida por éstos ya sean físicos o digitales, además de contemplar fuertes sanciones por usos discriminatorios que excedan propósitos de salud pública, con mecanismos externos de control y límites a la vigencia de tales sistemas determinados por el fin de la situación de pandemia, para evitar el desvío de su propósito.
