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El uso de certificaciones de vacunación y/o pasaportes COVID-19 para limitar el tránsito y evitar la expansión del coronavirus, ha sido desde hace varios meses, un tema de discusión. En varios países, de hecho, estas certificaciones ya son requeridas para ingresar a ciertos establecimientos o para desplazarse en el territorio. La digitalización y creación de un sistema de seguimiento internacional de las certificaciones, es un siguiente paso en este proceso, no obstante éste puede afectar los derechos humanos y las oportunidades de las personas.
A raíz de la investigación realizada por el laboratorio de seguridad de “Amnistía Internacional” y la organización “Forbidden Stories”, que expuso el uso del programa malicioso Pegasus, creado por la empresa israelí NSO, para la vigilancia de personas a través de sus dispositivos móviles, el consorcio Al Sur de once organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico de América Latina, que trabaja para fortalecer los derechos humanos en entornos digitales, se manifiesta:
A través de la presencia de la directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina (ADC), Valeria Milanes, nuestra coalición tendrá presencia en el panel de referencia de la General Privacy Assembly (GPA).
Al Sur y un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el cambio de políticas de privacidad de WhastApp que se harán efectivas este 15 de mayo, y exigen a Facebook y a las autoridades de cada país una serie de medidas urgentes.
El rol busca coordinar a la secretaria de Al Sur y es una oportunidad única de trabajar con once de las organizaciones líderes de la región, y de conocer y trabajar en el desarrollo de discusiones que marcan la agenda de derechos humanos hoy.
Acompáñanos al evento de lanzamiento de nuestro Observatorio que reúne información detallada sobre 16 iniciativas de uso tecnológico implementadas en 14 países de América Latina.
La consulta fue organizada por el Grupo de Trabajo del Consejo de la UIT sobre cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet (CWG-Internet). Es la primera vez que Al Sur participar en un llamado de la UIT.
Al Sur, junto con EFF, EDRi, IT-Pol Denmark, Article 19, Derechos Digitales y Homo Digitalis, presentaron un reporte conjunto con comentarios al nuevo borrador del Segundo Protocolo Adicional de Budapest sobre Ciberdelincuencia.
Una invitación a unirse en nuestro pre-evento online organizado en el contengo del Internet Governance Forum (IGF)
La Alta Comisionada de DDHH la ONU, Michelle Bachelet, pidió a los Estados y empresas velar porque las tecnologías se utilicen sin interferir en la capacidad de las personas para ejercer sus derechos a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos.
La guía, que entiende la desinformación como "la difusión masiva de información falsa (a) con la intención de engañar al público y (b) a sabiendas de su falsedad" incluye varias de las preocupaciones y recomendaciones hechas en una contribución especial de Al Sur.
La crisis con COVID-19 ha llevado a que muchos gobiernos habiliten tecnologías digitales para poder llevar un registro y control de las personas contagiadas, ya sea a través de aplicaciones para teléfonos móviles, sitios web o incluso drones. ¿Son estas tecnologías armoniosas con el respeto de los derechos humanos?Sitio realizado por
