Guía de desinformación y libertad de expresión de la CIDH incluye recomendaciones de Al Sur

En octubre del 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en conjunto con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral (SSD/DECO), presentó la "Guía para garantizar la Libertad de Expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales”. El proceso para hacerla fue mediante la participación y colaboración de múltiples actores interesados, incluyendo los estados, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

La Guía se divide en tres secciones: I) Descripción del fenómeno de la desinformación en contextos electorales. II) Sistematización de los estándares interamericanos  de derechos humanos que deben guiar las respuestas estatales en la materia. III) Desarrollo de las recomen-daciones que fueron solicitadas por la Asamblea General de la OEA.

Al Sur, como consorcio de 11 organizaciones de ocho países de América Latina que trabajan en particular el fortalecimieto de los derechos humanos en el contexto digital, realizó una contribución escrita para la ocasión a inicios del 2019. Muchas de las preocupaciones y sugerencias hechas por Al Sur fueron acogidas en el documento. Por ejemplo, entre las recomendaciones a los Estados, están:

• Evitar establecer marcos regulatorios que responsabilicen a intermediarios por contenidos  producidos por terceros.
• Fortalecer los marcos legales de protección de datos personales. Más aún, la Relatoría especial reconoce, tal como lo sugiere Al Sur, que "es esencial que las autoridades de protección de datos cuenten con los recursos, poderes e independencia para poder intervenir y controlar de manera efectiva el cumplimiento de la ley".
• Promover el acceso universal a Internet y resguardar el principio de neutralidad de la red. Como dice el informe de Al Sur: "debe seguirse cuidadosamente la influencia que tienen promociones de zero-rating en las campañas de desinformación en América Latina. Como han dicho públicamente muchas ONG de la región, el zero-rating, además de una violación al principio de la neutralidad de la red, tiene también como consecuencia entregarle un jardín vallado de información a las personas usuarias, sin acceso a la diversidad de información que una Internet libre y abierta garantiza".
• Las autoridades electorales debiesen generar instancias de diálogo y cooperación de múltiples actores interesados así como explorar la posibilidad de desarrollar acuerdos de  cooperación con plataformas y empresas intermediarias de Internet. Ambas sugerencias se condicen con la recomendación de Al Sur sobre "construir una instancia regional que sea democrática, transparente y participativa, donde todas las partes interesadas (autoridades electorales y de protección de datos, sociedad civil, academia, comisiones de derechos humanos, plataformas de Internet, entre otros) trabajen en conjunto para la observación y emisión de recomendaciones y propuestas tanto a las plataformas como a los países de nuestra región que enfrentan este tipo de campañas políticas en periodos electorales".

Al Sur valora el interés de la CIDH ante la desinformación en Internet en contextos electorales y espera que este documento sea una base fundamental para preservar derechos humanos como la libertad de expresión y privacidad en las acciones, tanto estatales como privadas, que se desarrollen ante el fenómeno.