Vigilancia

Ante preocupantes antecedentes en la región, las organizaciones pertenecientes a Al Sur solicitan a los gobiernos de América Latina y el Caribe que las tecnologías digitales aplicadas ante la pandemia de COVID-19 respeten los Derechos Humanos.

Presentación sobre cómo los Estados utilizan cada vez más las tecnologías de vigilancia en América Latina y el Caribe como una forma de intimidación, perfilamiento y vigilancia de los defensores de los derechos humanos. Este documento fue la respuesta a una convocatoria conjunta realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente están trabajando en su informe sobre la situación de los derechos humanos defensores en las Américas.

Aunque el término seguridad privada podría ser muy amplio, este informe se centra en el uso de tecnologías de vigilancia por parte de la seguridad privada en el campo de la "seguridad ciudadana". En un contexto de creciente digitalización de nuestras sociedades, este documento brinda pistas sobre los desafíos de política pública más urgentes e importantes en el contexto de la protección de nuestros derechos humanos.

Este informe de AlSur actualiza y amplía el mapeo regional de tecnologías de reconocimiento facial y vigilancia implementadas en América Latina desde 2021. Se analizaron 83 iniciativas en 15 países, con foco en el uso de estas tecnologías en espacios públicos, fronteras y servicios estatales. El estudio identifica un crecimiento sostenido de su adopción, especialmente en seguridad pública y control migratorio, y revela la dificultad de acceder a información oficial sobre estos proyectos. Se destacan proveedores globales como IDEMIA, NEC, Dahua y Hikvision, junto con actores locales.

Este informe explora cómo las prácticas de vigilancia se han expandido en América Latina en los últimos años, marcadas por el avance de tecnologías digitales y la falta de regulaciones adecuadas. A través del análisis de casos en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se evidencia una creciente adopción de sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y recopilación masiva de datos por parte del Estado, a menudo sin transparencia ni control democrático.

El reconocimiento facial es una tecnología de identificación biométrica que, por medio del análisis de ciertos rasgos característicos del rostro, busca establecer la identidad de una persona.

A pesar de ser menos precisa que otras formas de identificación biométrica, como la lectura de huellas dactilares o del iris, no requiere contacto físico. Ello permite su despliegue, por ejemplo, en el espacio público con fines de vigilancia a gran escala y sin que quienes están siendo sujetos a su escrutinio sean necesariamente conscientes de ello.

La vigilancia de las comunicaciones es una herramienta útil para los Estados en su lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. No obstante, su regulación plantea varios desafios referidos a los mecanismos y tecnologías que usan, y sus potenciales vulneraciones a los Derechos Humanos.