Nuevo año, más y nuevos desafíos para la defensa de los derechos digitales

Reflexionar sobre el año pasado en el ámbito de la defensa de los derechos humanos en entornos digitales es un ejercicio que comienza con el análisis de los problemas. El 2023, al igual que años anteriores marcados por la pandemia y la Guerra en Ucrania, nos recordó que las situaciones complejas pueden intensificarse aún más. Este año demostró que, cuando parece que los desafíos no pueden aumentar, siempre surgen nuevos escenarios que lo complican todo.

Además de enfrentar la crisis climática, cuyas consecuencias incontrolables se hacen cada vez más evidentes, el mundo ha tenido que lamentar la guerra en la Franja de Gaza. En este conflicto, la tasa de pérdidas humanas ha superado a cualquier otro en el Siglo XXI, alcanzando aproximadamente 250 decesos diarios y sumando un total de 23.000 personas palestinas fallecidas en 100 días de guerra. Este inmenso costo humano se ve agravado por el uso de la censura en Internet como herramienta de silenciamiento, evidenciado en los constantes cortes de señal de Internet y electricidad, y en una moderación de contenidos cuestionable por parte de las plataformas, que han mostrado una tendencia a la parcialidad en la cobertura de la situación.

Durante el año también vimos cómo el uso de modelos de Inteligencia Artificial (IA), sobre todo la de tipo generativa, se extendió de una manera masiva y con potenciales riesgos. Si antes los problemas con estas tecnologías eran la falta de transparencia de sus algoritmos y sus sesgos discriminatorios, sobre todo en sistemas de automatización con fines públicos, hoy estos problemas se complejizan debido a su instrumentalización para procesos desinformativos  y ataques cibernéticos. Esta situación aceleró una carrera regulatoria impulsada por Estados y organismos internacionales, con la creación de estándares internacionales como los de UNESCO, regulación de impacto regional-global como la IA Act en la Unión Europea, y,también, iniciativas en varios de los países de América Latina—como Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, entre otros.

El esfuerzo regulatorio se ha ampliado para abordar el creciente poder de las plataformas digitales y las corporaciones detrás de ellas. La regulación de estas plataformas se ha vuelto un tema crítico, impulsada por la necesidad de frenar su modelo de negocio basado en la vigilancia extensiva y la recopilación de datos, así como por su influencia política mediante prácticas de moderación de contenidos y tácticas monopólicas. Sin embargo, estas propuestas regulatorias no están exentas de críticas y preocupaciones sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión. Brasil se ha destacado en esta área con la iniciativa del PL 2630 (Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet), que ha generado un papel activo de la sociedad civil en el debate sobre sus ventajas y desafíos.

En 2023, la vigilancia emergió como un problema crónico que afecta gravemente los derechos a la libertad de expresión, participación y movilización. El uso del software Pegasus en México, El Salvador y otros países se ha revelado en numerosos casos, impactando directamente a periodistas y activistas. Además, se observa un incremento en el uso de tecnologías de vigilancia masiva en ciudades, especialmente en contextos como el control de protestas en Perú y Ecuador, así como en la gestión de fronteras en Brasil, Paraguay y Argentina. De esta manera, la vigilancia se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la democracia.

Estos desafíos representan solo una parte del complejo escenario al que se enfrentan las organizaciones de AlSur y la comunidad de Derechos Digitales a nivel regional y global. Sin embargo, no todo son problemas; también existen respuestas, logros y una activa participación de una sociedad civil cada vez más fortalecida.

A continuación, ofrecemos un resumen de algunos de los avances realizados por nuestro consorcio.

Agendas globales, desafíos locales

En el acelerado mundo de la digitalización, diversos actores de internet, incluyendo gobiernos, empresas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, se esfuerzan por mantener el paso. El año 2023 fue particularmente significativo en este contexto, caracterizado por varios procesos de regulación global y la búsqueda de establecer estándares internacionales en áreas como el uso de tecnologías de inteligencia artificial, la operación de servicios y plataformas digitales, la lucha contra los ciberdelitos y la definición de las bases para un futuro digital común.

Las organizaciones de AlSur participamos activamente en estos procesos, guiadas por el objetivo de asegurar que las regulaciones y estándares adoptados incorporaren una perspectiva de derechos humanos. Para ello, buscamos influir significativamente en diversos foros y espacios internacionales, con la convicción de que los distintos puntos de vista y contribuciones basadas en experiencias y conocimientos deberían ser considerados e influir en los instrumentos resultantes.

 En marzo asistimos, a través de Coding Rights (Brasil), CELE (Argentina), Derechos Digitales (Chile), Fundación Karisma (Colombia), Hiperderecho (Perú), InternetLab (Brasil) y TEDIC (Paraguay) a la Conferencia "Internet para la Confianza", organizada por la UNESCO en Paris, Francia. Ésta abordó la regulación de las plataformas, un tema importante para las democracias, las vidas y los organismos de todo el mundo. 

Entre marzo y mayo, desde AlSur nos involucramos en la elaboración de su aporte al documento del Global Digital Compact (GDC), una consulta abierta liderada por el Tech Envoy de la Secretaría General de las Naciones Unidas que formará parte del Summit for the Future. Nuestras contribuciones abarcaron una amplia gama de temáticas: desde la aplicación de los derechos humanos en línea, con un enfoque en la libertad de expresión y la vigilancia, hasta la conexión de todas las personas y escuelas, la protección de datos y la promoción de una regulación de inteligencia artificial.

Otro proceso clave fue el Comité AdHoc de Naciones Unidas para desarrollar la Convención Internacional contra la ciberdelincuencia. Este proceso, que abarcó seis consultas con organizaciones acreditadas, captó la atención de varias organizaciones como Derechos Digitales, R3D y Hiperderecho. Además, en AlSur, buscamos articular estrategias de incidencia interna, por esto organizamos una sesión cerrada con representantes de los gobiernos de Chile, Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica y Panamá durante RightsCon para influir en sus perspectivas y coordinamos un documento de propuestas de AlSur (Derechos Digitales, Ipandetec, Hiperderecho y R3D) para expresar nuestras preocupaciones sobre el texto del documento y hacer sugerencias.

Actualmente, estamos enfocados en coordinar acciones relacionadas con la regulación de las inteligencias artificiales. Es por esto que hemos estado trabajando en identificar los principales espacios internacionales de incidencia en esta temática, monitorear los avances de las discusiones en nuestros países y elaborar, de manera conjunta, una reflexión que será lanzada próximamente.

Fortalecimiento interno

Después de varios años de pandemia, en los cuales la virtualidad fue normalizada, 2023 fue más bien un año de encuentros presenciales. Así, desde las organizaciones de AlSur pudimos reunirnos y entablar conversaciones de manera presencial en, al menos, cuatro ocasiones:

• En enero de 2023, organizamos un retiro estratégico con todas las organizaciones miembro  en la ciudad de São Paulo en Brasil. Durante este retiro buscamos abordar la orientación de algunos de nuestros proyectos, avanzar en el desarrollo de nuestro documento de estrategia programática y planificar los siguientes pasos de AlSur en foros internacionales. Estas decisiones guiaron todo el trabajo del siguiente trimestre.
• A mitad de año, en junio, organizamos una reunión presencial en Costa Rica, con motivo de la conferencia RightsCon2023. En esta reunión, analizamos los avances de nuestra planificación.
• En agosto, organizamos una reunión interna en Buenos Aires, en la que entablamos un diálogo con respecto a nuestra gobernanza interna, espacio en el cual decidimos fortalecer nuestra estructura. 
• Durante octubre, en Kioto, Japón, después del IGF 2023, organizamos una jornada intensa de trabajo interno destinada a revisar nuestros documentos y avances en gobernanza interna, finalizar la elaboración de la estrategia programática de AlSur y profundizar el debate sobre la implicancia de una participación significativa de las organizaciones de AlSur en foros internacionales.
• Además, durante todo el año, fortalecimos nuestros canales de comunicación y difusión externa, poniendo énfasis en la divulgación de nuestros blogs y eventos a través de nuestras redes sociales.

Otra acción destacable para nuestro consorcio, fue la organización y ejecución de una primera versión de nuestro curso de nivelación temática para nuestros miembros. El curso de “onboarding”, como lo denominamos, fue un proceso liderado por CELE  e InternetLab que permitió contar con una currícula actualizada sobre los principales debates en gobernanza de internet, desarrollar capacidades en los equipos de las organizaciones de AlSur, y promover un mayor encuentro. Así, se desarrolló una sesión presencial en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, seguido de una versión en línea. Esperamos repetir la experiencia en 2024 y proyectar a futuro esta experiencia hacia toda la comunidad de derechos digitales de la región. 

A nivel comunicacional, hemos experimentado un crecimiento significativo. A pesar de los desafíos enfrentados en la plataforma "X" (anteriormente conocida como Twitter), desde octubre de 2022, nuestra cuenta en X ha visto un notable aumento en seguidores, pasando de 672 a 2.664. Incluso con las restricciones actuales en la plataforma, hemos logrado mantener una interacción orgánica constante y efectiva.

Además, el 2023 marcó el lanzamiento de nuestra cuenta en LinkedIn, alcanzando a un total de 15.812 personas a lo largo del año. Esta nueva plataforma ha demostrado ser un canal efectivo de comunicación, especialmente durante eventos destacados como Internet 4 trust, Global Digital Compact, RightsCon2023 y IGF 2023, donde observamos picos significativos en la interacción con nuestra audiencia.

Los próximos desafíos en tiempos de convulsión democrática

Los próximos dos años verán posiblemente a una América Latina más activa en los debates de digitalización, tanto por la propia influencia de los procesos regulatorios globales como también por los vaivenes de sus momentos políticos. Con varios procesos electorales en camino, y recientes gobiernos que buscarán asentar sus visiones, la discusión sobre tecnologías y sus impactos estará, posiblemente, en el ojo de la tormenta. 

Los potenciales retrocesos en Argentina, Perú y México, además de las discusiones de legislaciones estructurales en tantos otros países, como están siendo los casos de Brasil y Chile, implicará un mayor esfuerzo de seguimiento por parte de nuestras organizaciones. 

Por otra parte, 2024 será también un año de grandes debates globales y regionales. Entre enero y febrero se irá cerrando el proceso de discusión de la Convención internacional contra los ciberdelitos, documento que desde ya genera múltiples preocupaciones. En abril se suscitará el evento NetMundial+10, impulsado por Brasil, el cual buscará aglutinar voces del Sur Global en torno a una agenda de gobernanza de internet, lo cual, sumado a la presidencia pro-tempore de ese país del G20, lo colocará en una posición de potencial influencia en América Latina. Al mismo tiempo, a lo largo del año habrán múltiples eventos preparatorios para la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, culminando así el proceso de elaboración del Global Digital Compact. 

En esos contextos los desafíos son varios, por lo que más que nunca, el rol de articulación de nuestro consorcio, cobra todavía más sentido para lograr que las voces del Sur, estén presentes.