Perspectivas de las organizaciones de AlSur con respecto a la discusión del Tratado internacional para la lucha contra la ciberdelincuencia
La ciberdelincuencia es actualmente una preocupación global, por lo tanto, varios Estados están creando herramientas para combatirla. Organismos internacionales, como la ONU y el Foro Económico Mundial, han llamado la atención con respecto al tema. Al ser un fenómeno sin fronteras, se ha incrementado el interés por contar con más mecanismos de coordinación y cooperación respecto a la prevención y sanción de delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Existe el Convenio Internacional de Budapest sobre delitos cibernéticos (2004), impulsado por el Consejo de Europa, el cual fue suscrito por varios países de Latinoamérica, incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Otros países como Ecuador, Guatemala, México y Brasil son, hasta el momento, observadores. Si bien este es un instrumento internacional reconocido, desde hace varios años, varios países han buscado la creación de otro marco internacional que amplíe sus premisas.
En esa línea, a través de la Resolución 74/247 de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear un Comité Intergubernamental especial Ad Hoc para comenzar la elaboración de una Convención internacional para la lucha contra la ciberdelincuencia. Este Comité Ad Hoc convocó una primera reunión en mayo de 2021, en la ciudad de Nueva York, para establecer un marco de trabajo y la organización de seis sesiones de discusión en las que se trabajaría en la elaboración de un borrador, las cuales se llevarían a cabo a partir de enero de 2022.
Las organizaciones de AlSur: Derechos Digitales, R3D, Karisma e Hiperderecho, han estado haciendo seguimiento a este proceso y participado en varias de las sesiones y consultas abiertas. Una de las preocupaciones de inicio con respecto a la posible elaboración de una Convención o tratado internacional sobre ciberdelincuencia se refiere a los alcances del mismo y las salvaguardas para proteger los derechos humanos.
En febrero de 2022, previa a la primera sesión de trabajo del Comité Ad Hoc, 120 organizaciones y especialistas enviaron una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, presidenta del Comité Ad Hoc. En esta carta se señalaron los riesgos con respecto al abordaje de la ciberdelincuencia dado que, debido al poco consenso sobre la definición e implicancias de la misma , esta puede ser usada para criminalizar y coartar activistas, periodistas, investigadores, entre otros. Asimismo, se mencionó la necesidad de una acreditación de miembros de la sociedad civil que permita una participación y seguimiento activo del proceso.
A lo largo de 2022, se fueron abordando distintos aspectos del tratado y se hicieron evidentes varios de los problemas que ya habían sido señalados. El primero fue la discusión irresuelta sobre lo que implica un delito cibernético estricto (core cybercrimes) frente a toda una gama de otros delitos en los cuales pueden intervenir tecnologías. Como lo retrata Derechos Digitales, al discutirse el tema, los desacuerdos se hicieron explícitos.
Hiperderecho, en una de las sesiones, pudo hacer hincapié sobre la necesidad de incluir una perspectiva de género y la necesidad de regular los tipos penales y medidas de prevención en relación a los modus operandi de los ciberdelincuentes, bajo el irrestricto respeto de los derechos humanos.
En enero de 2023, se realizó la cuarta sesión de trabajo con la revisión de un documento de negociación consolidado (DCN). Al respecto, 90 organizaciones de la sociedad civil y la academia dirigieron una nueva carta al Comité Ad Hoc, en la cual se mencionan las inquietudes sobre las disposiciones generales y las disposiciones relativas a la penalización, junto a las medidas procesales y de aplicación de la ley. El ámbito de referencia del DCN es excesivamente amplio con respecto a varios tipos de delitos y no se limita a los ciberdelitos más específicos. A su vez, éste incluye disposiciones que pueden llegar a criminalizar actividades que no están alineadas con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.
Derechos Digitales ha recopilado una lista de cuestiones que merecen una especial atención, manteniendo una perspectiva de que el documento de DCN no toma en cuenta salvaguardas para evitar su impacto negativo con respecto a actividades de periodistas, informantes, activistas e investigadores. Un aspecto importante, por ejemplo, se refiere a las medidas de investigación penal, las cuales deben ser detalladas, proporcionales y tener controles adecuados para evitar abusos.
R3D se posicionó, de igual manera, con respecto a las provisiones de criminalización y medidas procedimentales, reiterando la necesidad de enfocarse solamente en los delitos cibernéticos estrictos. Las redacciones amplias y vagas afectan directamente a nuestros derechos fundamentales como: el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la no discriminación.
Todavía quedan por delante dos sesiones más y, seguramente, un intenso debate sobre el contenido de las disposiciones de este eventual instrumento internacional. Así como importantes deliberaciones en cada uno de los Estados una vez decidan aprobar o no este instrumento. Una Convención sobre ciberdelitos puede tener grandes consecuencias para las legislaciones de nuestros países y afectar nuestra convivencia en línea y el uso que hacemos de las tecnologías. Por ende, es preciso que más organizaciones, investigadores, activistas y la ciudadanía en general, puedan hacer seguimiento a este tema. Todo instrumento de prevención y sanción delictiva, debe ser generado desde el mayor de los respetos a nuestros derechos humanos.
Puedes hacer seguimiento a la participación de las organizaciones de AlSur en sus respectivas cuentas en plataformas de redes sociales.
Te dejamos algunos artículos de organizaciones miembro de AlSur:
Derechos Digitales:
https://www.derechosdigitales.org/17961/
Hiperderecho:
R3D:
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