Contribución de AlSur al Global Digital Compact

El consorcio AlSur, compuesto por 11 organizaciones de sociedad civil y academia de América Latina que buscan fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de la región, envió su contribución al Global Digital Compact (GDC) en abril. El documento completo puede ser consultado aquí. 

El Global Digital Compact (GDC) es una consulta abierta liderada por el Tech Envoy de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Este Pacto busca esbozar principios compartidos para un futuro digital abierto, libre y seguro para todos y todas, por lo que se espera que que pueda convertirse en una agenda común en varios temas críticos para internet, incluyendo: aplicación de derechos humanos en línea, introducción de criterios de responsabilidad ante la discriminación y los contenidos engañosos, conectividad, cómo evitar la fragmentación de Internet, protección de datos y regulación de la Inteligencia Artificial.

Las organizaciones que conformamos AlSur somos conscientes de que los problemas relacionados con las tecnologías digitales tienen impactos diferenciados en las sociedades del Sur global. Dichos problemas e impactos deben ser considerados en la formulación de cualquier agenda o lineamiento común, como lo es el GDC. En ese sentido, este documento representa una oportunidad clave para impulsar perspectivas que asuman las inequidades y desafíos diferenciados a nivel internacional y promover acciones que tomen en cuenta a las poblaciones más vulnerables. Si estos puntos de vista no se toman en cuenta en la toma de decisiones relacionadas con la gobernanza digital y de internet, los avances tecnológicos podrían profundizar las desigualdades en lugar de promover el cambio y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las propuestas de AlSur incluyen contribuciones en casi todos los temas de agenda propuestos por el GDC. Estas se redactaron tras una serie de reuniones colectivas y acciones conjuntas basadas en la experiencia de los 11 miembros de AlSur en los 8 países donde trabajamos, y resumen a su vez, seis años de trayectoria y reflexión conjunta sobre los desafíos, realidades, lecciones aprendidas y propuestas sistematizadas en más de 20 publicaciones colectivas disponibles en inglés, portugués y español.

A continuación, resumimos las contribuciones en cada temática: 

1. Aplicar los derechos humanos en línea

En un momento de crecimiento acelerado de la conectividad a internet y de un uso cada vez más intensivo de las tecnologías digitales, el cumplimiento y la protección de los derechos humanos en los entornos digitales es uno de los mayores retos para las agendas nacionales, regionales y globales. En nuestra contribución, nos centramos en dos temas en particular, la libertad de expresión y la privacidad, ambos habilitadores para el ejercicio de otros derechos.

1a. Libertad de expresión

En América Latina, se sigue restringiendo la libertad de expresión en línea  de maneras tanto directas como indirectas. Por un lado, con normas y prácticas que imponen censura a contenidos legítimos o con interrupciones de internet, por ejemplo. Por el otro, con la propagación de la violencia en línea, el odio y el uso de tecnologías de vigilancia contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Ponemos énfasis en la violencia de género en línea, la cual silencia las voces de mujeres y desalienta su participación en debates públicos.  

Algunas recomendaciones son:

• Establecer medidas concretas y mecanismos de supervisión para erradicar todas las formas de violencia.
• Las limitaciones a la libertad de expresión en línea deben seguir las mismas normas que las limitaciones fuera de línea (offline) y, por tanto, estar establecidas por ley y cumplir las condiciones necesarias para su aplicación.
• Los proveedores de plataformas en línea deben incluir mecanismos para tener en cuenta la diversidad cultural y contextual en sus políticas y prácticas de moderación de contenidos.
• Deben establecerse normas de alto nivel y mecanismos de supervisión para garantizar la neutralidad de la red y el respeto a la libre circulación de información.
• Las interrupciones totales o parciales de internet plantean serios desafíos al ejercicio de una amplia gama de derechos y deben evitarse.
• Deben protegerse los discursos anónimos y seudónimos

1b. Vigilancia

La vigilancia tiene un impacto desproporcionado en el ejercicio de los derechos humanos. A pesar de ello, en los últimos años ha aumentado la adquisición y el uso de mecanismos de vigilancia legales por parte de Estados y empresas, a menudo sin las salvaguardias necesarias.  Este aumento también se refleja en el uso de estas tecnologías en las políticas públicas para hacer frente a una amplia gama de retos sociales, como la seguridad pública, el control de fronteras, la vigilancia de las protestas sociales, el acceso a los servicios públicos y, recientemente, como forma de combatir la pandemia.

Por tanto, existe una necesidad acuciante de elaborar normas que regulen la adquisición, el desarrollo y la aplicación de tecnologías con capacidad de vigilancia, centrándose en la prevención, sobre todo si se tiene en cuenta que la evaluación de las violaciones de derechos siempre se lleva a cabo después de que se hayan producido.

Algunas recomendaciones son:

• Supervisar el cumplimiento por parte de los Estados de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
• Orientar y supervisar la adopción de marcos normativos basados en los derechos humanos para limitar el uso por parte del Estado de las tecnologías de vigilancia con fines pacíficos.
• Apoyar el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos judiciales y de supervisión.
• La transparencia debe guiar cualquier acción del Estado en relación con sus capacidades generales de vigilancia. Así también, ordenar la adopción de medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos en la adquisición de tecnologías de vigilancia.
• Garantizar la existencia de mecanismos y normas que aseguren que la industria de las tecnologías de vigilancia cumple con su deber de proteger los derechos humanos.

2. Conectar a toda la personas y escuelas

El reto de la conectividad en América Latina sigue siendo una realidad innegable.  El vínculo

entre pobreza y desigualdad tiene su cuota en este problema, pero existen otras disparidades que debemos reconocer: entre ellas, que la brecha digital también afecta en mayor medida a poblaciones femeninas y a grupos geográfica o socialmente aislados. Para hacer frente a estos retos y garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, los Estados deben combinar diferentes iniciativas reguladoras que garanticen los principios de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. 

Algunas recomendaciones son:

• El GDC debe reconocer que proporcionar conectividad para todos forma parte de las obligaciones de los Estados.
• Las políticas para fomentar la conectividad para todos deben combinar soluciones basadas en el mercado con soluciones orientadas a la comunidad.
• Los Fondos de Servicio Universal deben activarse para lograr el acceso a Internet para todos, incluidas las escuelas, dando prioridad a las zonas remotas o marginadas. 
• Reconocer la neutralidad de la red como clave para lograr la conectividad para todos.
• Animar a los Estados a desarrollar políticas de alfabetización digital que tengan en cuenta las disparidades urbano-rurales y adopten una perspectiva de género.
• Incluir medidas específicas para permitir que las personas con discapacidad (PCD) aprovechen plenamente las ventajas de internet.

3. Protección de datos

Los marcos de regulación y protección de datos aplicados por los Estados se quedaron atrás del ritmo acelerado de adopción y desarrollo de las tecnologías digitales. Además, la regulación constantemente entra en tensión con la implementación de tecnologías de vigilancia, la misma que se produce en una relación de poder desigual entre los propietarios de los datos respecto a los Estados y las empresas. Al mismo tiempo, el debate sobre instrumentos internacionales de lucha contra la ciberdelincuencia también es actualmente motivo para retrocesos en la protección de datos, sin una clara reflexión sobre los problemas que los flujos transfronterizos de datos sin debidos resguardos pueden implicar a futuro. 

Algunas recomendaciones son:

• Debe fomentarse la adopción de una legislación sólida sobre protección de datos personales y acceso a la información, así como normas para equilibrar los derechos fundamentales a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.
• Es necesario replantearse la idea de "consentimiento informado", combinándola con otros principios de protección de datos, ante la aparición de las nuevas tecnologías.
• Los responsables públicos y privados del tratamiento de datos deben cumplir obligaciones de lealtad, diligencia y confidencialidad.
• Los Estados deben disponer de autoridades independientes de protección de datos con la debida capacidad de inspeccionar, supervisar y sancionar las infracciones cometidas tanto por entidades privadas como públicas.
• La vigilancia legal de las comunicaciones debe llevarse a cabo sólo cuando sea necesaria y proporcional.
• Los Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas y de otro tipo con altos estándares para la protección de los datos personales y los derechos humanos en general; en concreto, en relación con las investigaciones penales transfronterizas.

4. Promover una regulación de la Inteligencia Artificial

Las características de la Inteligencia Artificial (IA) como su alta complejidad, el comportamiento autónomo, la necesidad de grandes cantidades de datos para operar y la opacidad pueden afectar negativamente varios derechos fundamentales. En América Latina, existe una tendencia alarmante de aumento en el uso de sistemas de IA sin debidos resguardos y en áreas sensibles de las políticas públicas como la prestación de servicios del Estado. Aunque nuestro análisis muestra que las leyes sobre privacidad de datos suelen ser la principal fuente de control para evitar abusos, en la mayoría de los países aún no están lo suficientemente maduras como para aplicarse a estas nuevas tecnologías y, en ocasiones, se quedan cortas a la hora de ofrecer protecciones específicas.

Algunas recomendaciones son:

• Reforzar la obligación de todas las partes interesadas de respetar los derechos humanos en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA, subrayando expresamente que la promoción de la y la diversidad debe abordarse a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.
• Fomentar la participación efectiva de múltiples partes interesadas y multidisciplinar en la toma de decisiones, así como la producción de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, mediante recomendaciones específicas, así como consideraciones relativas a la necesidad de acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos históricamente marginados.
• Fomentar y orientar el establecimiento de mecanismos de seguimiento y control
• Desarrollar normas para mecanismos periódicos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas a lo largo del ciclo de vida de la IA. 
• Establecer obligaciones claras en cuanto a la publicación de informes y mecanismos de evaluación implementados por los proveedores.
• Fomentar la colaboración entre las economías más avanzadas y las de regiones como América Latina para fomentar el desarrollo de capacidades, la transferencia de conocimiento, potenciar la industria local y centrar el crecimiento en la igualdad de oportunidades.