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La violencia de género se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana, a nivel global y especialmente en América Latina, donde diversos indicadores regionales1 exponen desigualdades de género reflejadas tanto en las disparidades económicas como en la desproporción en lo que refiere al acceso a la educación, la salud e incluso a Internet.

Este documento plantea la importancia de la discusión para la región sobre la responsabilidad de intermediarios. Primero, introduce cómo esta discusión se inserta en los debates comparados. La segunda sección hace una descripción y mapeo de la discusión legal a nivel regional interamericano; se abordan iniciativas regulatorias, autorregulatorias, y propuestas y principios impulsados por la sociedad civil.

El presente reporte presenta un análisis cualitativo en base a los hallazgos del relevamiento de información llevado a cabo en 14 países durante la primera etapa de desarrollo del proyecto, que se extendió durante la segunda mitad de 2020 e inicios de 2021. Nuestro objetivo es que este reporte permita abrir la conversación desde la sociedad civil, la academia y los Estados acerca de la implementación de soluciones tecnológicas como parte de las políticas públicas y prácticas estatales en contexto de pandemia.

El Observatorio Covid-19 del Coalición Al Sur (OCCA) nace con el objetivo de analizar algunas de estas respuestas tecnológicas y su cumplimiento de principios básicos de protección de datos y acceso a la información, buenas prácticas, y si presentan o no riesgos adicionales al ejercicio de los derechos humanos.

En la primera parte, se analiza la desinformación en el contexto de la pandemia causada por el SARS-CoV-22 y se intenta entender en qué sentido es diferente a la desinformación en contextos electorales. En particular, se vincula a la desinformación sobre cuestiones de salud pública con otros problemas relacionados, como la creciente desconfianza en la ciencia y la expansión de creencias falsas sobre hechos científicamente verificables.

El presente documento es presentado por el consorcio Al Sur y fue preparado por uno de sus miembros, Fundación Karisma (Colombia), en respuesta a la solicitud realizada por la la UIT para que la sociedad civil de cuenta sobre los problemas y desafíos existentes para la expansión de la conectividad en zonas rurales y remotas, y el papel de las redes comunitarias en este proceso de reducción de la brecha digital urbano-rural.

El Gobierno de Brasil abrió una consulta pública en torno a cómo reglamentar el tratado de Marrakech. Para esto, el consorcio de organizaciones de Al Sur buscó responder a la siguiente pregunta en la consulta: “¿Debe establecerse un requisito de disponibilidad comercial de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4 del artículo 4 del Tratado de Marrakech? Justifique su respuesta”.

EFF, EDRi, IT-Pol Denmark, Article 19, Derechos Digitales, Homo Digitalis junto con Al Sur, hicieron un reporte conjunto con comentarios al nuevo borrador del Segundo Protocolo Adicional de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

Recordemos que en el 2017, el Consejo de Europa y su Comité de Delitos Cibernéticos comenzaron a preparar un protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre Delitos Cibernéticos, una nueva herramienta para que las autoridades policiales tengan acceso a los datos en el contexto de las investigaciones penales.

Ante preocupantes antecedentes en la región, las organizaciones pertenecientes a Al Sur solicitan a los gobiernos de América Latina y el Caribe que las tecnologías digitales aplicadas ante la pandemia de COVID-19 respeten los Derechos Humanos.

En octubre del 2019, Al Sur envió un informe para contribuir al reporte temático del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este documento, compartimos información sobre cómo las nuevas tecnologías han contribuido al fortalecimiento de los derechos humanos en el contexto de asambleas y protestas pacíficas en América Latina, pero, al mismo tiempo, cómo el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados locales a veces socava los derechos de reunión y protestas pacíficas.