Inédito informe de la CIDH acoge recomendaciones de Al Sur sobre big data y cibervigilancia

A finales de enero del 2020, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el tan esperado informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. 

En su lanzamiento, la Relatora Especial DESCA, Soledad García Muñoz, afirmó que “al ser la primera vez que se aborda esta temática de manera comprehensiva, directa y en términos generales desde el sistema interamericano, el informe constituye una herramienta de enorme potencialidad para mejorar y fortalecer la legislación, las prácticas y las políticas públicas que buscan enfrentar las violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales, ayudar a fortalecer acciones de prevención y debida diligencia, mejorar la rendición de cuentas por parte de los Estados y las empresas involucradas en tales situaciones, así como para asegurar el acceso a reparaciones efectivas hacia las víctimas”. 

En Al Sur celebramos la publicación del informe, en circunstancias que el texto ha acogido nuestro reporte hecho para la ocasión, llamado "Empresas y derechos humanos: informe regional sobre Tecnología, Big Data y Cibervigilancia", así como también nuestro informe "Recomendaciones para la transparencia y anticorrupción en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia por parte de los Estados Americanos" hecho en ocasión del Summit De Las Américas del 2018.

En el informe REDESCA, hay un capítulo completo sobre "Los Estados y las empresas en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación", donde explícitamente tratan de las "actividades de empresas en el campo de la tecnología, servicios en línea, big data y cibervigilancia respecto del disfrute de los derechos humanos". En este sentido, REDESCA reconoce "la preocupación de la utilización del big data sin la correlativa adopción de controles y equilibrios adecuados, que pueda vulnerar los derechos humanos de las personas", así como también sobre las herramientas de vigilancia que pueden otorgar "un mayor poder para aquellos que adquieran o manejen esas tecnologías con fines que pueden deteriorar, restringir y vulnerar los derechos humanos".

En particular, el consorcio detrás de Al Sur destaca que el informe subraya algo que la alianza ha sostenido largamente en sus intervenciones conjuntas: la poca transparencia y, muchas veces, los hechos de corrupción que envuelven la adquisición de tecnologías de vigilancia por parte de nuestros Estados, lo que facilita su uso ilegal y el menoscabo de los derechos humanos:

283. Entre las acciones que los Estados deben tomar en cuenta se encuentran, por ejemplo, la revisión o adopción de marcos legales claros que faculten y fijen las condiciones de la utilización lícita de este tipo de tecnologías en función de los valores democráticos y las normas de derechos humanos; así como la existencia de salvaguardas de debido proceso, transparencia, fiscalización e investigación independientes y la efectiva rendición de cuentas. La CIDH y su REDESCA también toman en cuenta información sobre la fragmentación de los sistemas normativos en este ámbito y las debilidades institucionales para que se cumplan aquellas disposiciones vigentes como uno de los mayores desafíos en la región. Igualmente reconocen que existen preocupaciones por la falta de transparencia, e incluso corrupción, y reducidos o nulos espacios de participación social en las instancias estatales que toman decisiones en este ámbito, en particular respecto de adquisición y operación de tecnologías de vigilancia.

Las organizaciones parte de Al Sur creen que es un avance enorme que este tipo de discusiones estén incluidas en el informe. Sobre todo, porque le otorgan a la sociedad civil un instrumento de incidencia para lograr que las tecnologías, tal como reconoce REDESCA y hemos sostenido largamente, sean "adoptadas e implementadas en forma transparente y facilitando el control social, tanto de la gestión estatal como de la gestión privada en cuestiones vinculadas a la garantía de los derechos humanos en este ámbito, incluyendo el ámbito extraterritorial".