Posicionamiento colectivo: Contra el cierre del espacio cívico y los abusos sucedidos en Venezuela - AlSur

Las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela han desencadenado un clima de falta de transparencia, represión, violencia y graves vulneraciones a los derechos humanos. Como consorcio AlSur, nos sumamos a las voces internacionales que condenan los abusos del gobierno venezolano y exigimos garantías para que las personas puedan manifestarse, protestar y expresarse libremente en el país.

Nos resulta extremadamente preocupante la excesiva represión y violencia asumida por el gobierno venezolano. Hasta el momento, se presume la detención arbitraria de más de dos mil personas y se estima el fallecimiento de al menos 24 personas, lo cual se suma a otras acciones de uso de la fuerza ejercidas contra estas.

Se denuncia el uso abusivo y autoritario de medios tecnológicos para ejercer censura, buscar apagar todo disenso e incrementar la represión contra los ciudadanos. El delicado contexto político en el que se desenvuelve en Venezuela desde hace varios años requiere que los entornos digitales posean canales libres y seguros para la comunicación, la opinión y el acceso a información de las personas, pero las acciones evidenciadas deterioran el tejido democrático y cierran el espacio cívico.

Se ha reportado la detención ilegal de ciudadanos/as para confiscar sus teléfonos y revisar su contenido, incluidas fotos, cuentas de redes sociales y conversaciones privadas. También el monitoreo de las opiniones e información compartida en redes sociales, el uso de cámaras y drones de patrullaje para identificación de personas durante las protestas callejeras. Por otra parte, se ha reportado la publicación y exposición de datos sensibles en redes sociales como nombres, fotos, direcciones de personas opositoras (doxxing) para ponerlas en riesgo, lo cual se suma al uso de la aplicación VenApp —un mecanismo lanzado y promovido para Gobierno— para que las personas puedan reportar actividad disidente de sus vecinos o personas cercanas al Estado, afianzando una cultura del control y extrema polarización.

Estas acciones tienen directa relación con los derechos a la privacidad y la libertad de expresión de las personas al promover la autocensura y el temor a la opinión.

Al mismo tiempo, ONGs de Venezuela han demostrado la existencia de interrupciones continuas de los servicios de  internet y el bloqueo a las páginas web de medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y de toda otra organización que consideren contraria a su régimen. Se han registrado que en las últimas semanas, al menos 62 medios de comunicación y 41 organizaciones han sido suspendidos de los principales proveedores de servicio de internet. A esto se suma la reciente decisión del Gobierno venezolano de bloquear el acceso de las plataformas social X (antes Twitter)y Tiktok, así como las herramientas de mensajería como Whatsapp y Signal, para evitar que información pueda ser compartida en éstas y acusandolas de boicotear las elecciones, mientras que fomenta el uso de WeChat y Telegram, las cuales tienen menores mecanismos de control y seguridad digital para la ciudadanía. 

A todo lo anterior, se suma la reciente aprobación (15 de agosto) de una ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Esta ley impone todo tipo de controles abusivos en contra de ONGs, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, establece un nuevo registro a cargo del Gobierno, criminaliza varios tipos de actividades que son llevadas adelante por estas, y tergiversa varios principios democráticos y civiles en relación a la progresividad de los derechos humanos como la no discriminación o la transparencia, para reemplazarlos por mecanismos de persecución y criminalización del ejercicio genuino de los derechos de asociación y libertad de expresión. A su vez, al afectar a todo tipo de organizaciones, esta ley tiene la potencialidad de quitar el apoyo a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad que se benefician de programas sociales y humanitarios.

En relación a la situación expuesta, como consorcio de 11 organizaciones de la sociedad civil y la academia que trabajan en los derechos humanos en entornos digitales, nos solidarizamos con la ciudadanía venezolana, denunciamos los abusos a los derechos y garantías cometidas y nos sumamos a los llamados internacionales para instar al Gobierno venzolano a cesar las acciones de represión y transparentar la información electoral que ha sido solicitada por organismos internacionales y gobiernos en la región.