Informe anual 2025

El año 2025 presentó un panorama desafiante para los derechos humanos en entornos digitales.

El mundo fue testigo de graves crisis: conflictos armados devastadores en Africa y Europa, el genocidio en Palestina, tensionamientos multilaterales y una preocupante apatía de los Estados y las empresas frente a la crisis climática. A ello se suma la contracción de la cooperación internacional y una mayor participación directa de las grandes empresas tecnológicas en decisiones y procesos políticos en la región y el mundo.

A pesar del trabajo de activistas y organizaciones, en 2025 continuó el avance de las tecnologías de vigilancia y control respaldadas por gobiernos, junto con la consolidación del poder de grandes empresas tecnológicas que muestran menor compromiso que antes con la protección de los derechos humanos. 

En materia de gobernanza digital global, 2025 fue un año de acuerdos importantes pero de avances limitados. Tras arduas negociaciones, concluyó el proceso de revisión de 20 años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20 por sus siglas en inglés), con un informe final que reafirmó el modelo multistakeholder e instituyó al Foro de Gobernanza de Internet (IGF) como un espacio permanente. Este resultado mantuvo compromisos valiosos –como cerrar brechas de acceso digital y prevenir impactos adversos de la tecnología, incluida la violencia de género– aunque varias organizaciones observaron que hubo oportunidades perdidas en el proceso para fortalecer la participación significativa de sociedad civil y salvaguardas más fuertes para los derechos humanos. 

La regulación de la inteligencia artificial (IA) continuó en disputa durante 2025. En febrero entró en vigor la Ley de IA de la Unión Europea. Inspirados en este modelo, algunos países latinoamericanos avanzaron en los proyectos de sus propias normativas: en Brasil, Colombia, Chile y Bolivia. Perú, país pionero en la regulación de las IA, publicó el primer reglamento para su ley. Frente a este escenario, organizaciones de la región insistieron en anclar el desarrollo de la IA en un marco de derechos y equidad. 

La libertad de expresión en línea se encontró en una encrucijada regulatoria. Varios países propusieron leyes para regular plataformas digitales y contenidos. En Perú, el Congreso discutió un proyecto de ley que pretendía exigir licencias obligatorias para creadores de contenido digital y sancionar la difusión de “información falsa”, medidas que podrían instigar la autocensura en medios digitales. Aunque estas iniciativas siguen en trámite, demuestran la prioridad que varios gobiernos dieron a controlar el discurso en línea, lo que será motivo de especial atención en 2026. Por otro lado, algunos desarrollos judiciales resultaron favorables a la libertad de expresión: en junio, la Corte Constitucional de Colombia protegió los derechos de una influencer ordenando a Meta restablecer su cuenta y asegurar mecanismos de notificación y apelación para sus usuarios. En Chile, la Corte Suprema rechazó en octubre una solicitud de “derecho al olvido”, afirmando que eliminar o desindexar noticias veraces de interés público constituye censura –consolidando así el criterio de que la libertad de expresión prevalece sobre la reputación en asuntos de interés público. No obstante, también hubo serios retrocesos autoritarios: en Panamá, el gobierno suspendió en junio los servicios de Internet y telefonía móvil en una provincia durante protestas sociales, una medida duramente criticada por violar la libertad de expresión, el derecho de reunión y el acceso a la información. 

Otro tema de preocupación fue y sigue siendo la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia. Organizaciones de AlSur han manifestado su cautela con respecto a este instrumento debido a que podía expandir las facultades de vigilancia de los gobiernos. Sin un debido proceso ni controles democráticos, los gobiernos podrían compartir datos personales sensibles o perseguir a defensores de derechos humanos bajo cargos vagos de “delitos informáticos”. 

Finalmente, la violencia de género facilitada por las tecnologías (VGFT) cobró mayor visibilidad en 2025, así como respuestas normativas incipientes a un problema exacerbado por la tecnología. Organismos internacionales dedicaron especial atención a este fenómeno, llamando a fortalecer leyes, acabar con la impunidad y exigir responsabilidades a las plataformas digitales. Hacia fin de año, la Organización de Estados Americanos presentó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia Digital contra las Mujeres, concebida como estándar legal para que los países adapten sus normativas nacionales.. 

En síntesis, el balance de 2025 en materia de derechos digitales resulta paradójico. Por un lado, se logró mantener el mandato de IGF y se avanzó en regulaciones. Pero al mismo tiempo, a nivel geopolítico los gobiernos endurecieron sus prácticas y se aliaron con grandes empresas tecnológicas. No obstante, esta compleja realidad no hizo más que confirmar la misión fundacional que AlSur y sus organizaciones miembro han asumido. Frente a desafíos tan grandes, la única salida es colectiva: la experiencia del año 2025 demuestra que solo mediante la colaboración regional, la articulación multiactor y la solidaridad entre organizaciones podremos proteger el entorno digital como un espacio de derechos humanos.

AlSur durante 2025

En 2025, el consorcio AlSur  mantuvo su estructura operativa y sumó la incorporación de una Coordinadora de Incidencia. Esta posición se formalizó para brindar apoyo especializado en la gestión y la facilitación de grupos de trabajo temáticos y el diseño de estrategias de incidencia conjunta. 

El consorcio también intensificó sus espacios de coordinación interna. Durante el año se realizaron múltiples reuniones incluyendo dos encuentros presenciales - en Oslo y Buenos Aires -  que fortalecieron los lazos entre organizaciones miembro. Estas reuniones permitieron reflexionar sobre la gobernanza de AlSur y dar un inicio a la discusión de un nuevo ciclo estratégico que responda a los actuales cambios del contexto global. Se avanzó en definir con mayor claridad el rol futuro de AlSur, el alcance de su incidencia y la operativización de mecanismos de decisión consensuada. 

Un eje central del trabajo de AlSur en 2025 fue la producción de dos investigaciones sobre las tendencias de vigilancia en la región, destinadas a informar el debate público y promover marcos de protección de derechos. Fruto de colaboraciones entre las organizaciones miembro y expertos externos, se publicaron dos informes de alto impacto:

El primer estudio, "Tendencias y prácticas de vigilancia en América Latina", explora cómo las prácticas de vigilancia se han expandido aceleradamente en los últimos años, al calor del avance de las tecnologías digitales y la ausencia de regulaciones adecuadas. A través de casos analizados en varios países (incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Paraguay), el informe evidencia la creciente adopción de sistemas de videovigilancia, herramientas de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y recopilación masiva de datos por parte de organismos estatales. El reporte advierte sobre la normalización de estas prácticas amparadas en narrativas de urgencia (por ejemplo, la lucha contra la delincuencia o la gestión de crisis sanitarias) que debilitan el escrutinio público. Asimismo, destaca la activa participación de empresas privadas y actores internacionales en la provisión de estas tecnologías, generalmente sin marcos legales que garanticen la protección de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión o la no discriminación. Un hallazgo transversal es que la región enfrenta una expansión silenciosa de sistemas de vigilancia: sin debate ni supervisión suficientes, estas herramientas se están integrando en las prácticas estatales cotidianas. 

El segundo informe, titulado "Reconocimiento facial y tecnologías de vigilancia en América Latina: casos, proveedores y dinámicas comerciales", se enfocó en el despliegue de sistemas de identificación biométrica facial y otras tecnologías de vigilancia en políticas públicas de la región. Esta investigación de corte periodístico actualiza y amplía un mapeo regional previo realizado por AlSur en 2021, revelando hallazgos contundentes: se identificaron 83 iniciativas de reconocimiento facial en 15 países latinoamericanos, evidenciando un crecimiento sostenido en la adopción de estas herramientas desde aquel estudio inicial. El informe analiza el uso de la tecnología principalmente en espacios públicos, fronteras y servicios estatales, donde su implementación se ha vuelto especialmente frecuente con fines de seguridad ciudadana y control migratorio. La investigación logró perfilar a los principales proveedores comerciales detrás de la expansión de estas tecnologías en la región. Sobresalen empresas globales líderes en la industria de vigilancia, como IDEMIA, NEC, Dahua y Hikvision, que han suministrado equipamiento y software a múltiples gobiernos latinoamericanos. Junto a ellas, operan también actores locales que, en alianza o bajo licencia, contribuyen a diseminar estas soluciones. El reporte explora además las dinámicas geopolíticas y comerciales vinculadas a la adquisición de tecnologías de vigilancia, evidenciando la influencia de potencias como China y Estados Unidos en la provisión de equipos y financiamiento. Al final, el informe enfatiza la necesidad urgente de mayor transparencia, de evaluaciones de impacto en derechos y de un debate público amplio sobre la utilización de tecnologías de vigilancia en la región. 

Durante 2025, AlSur amplió y sistematizó su participación en los principales foros internacionales, consolidando su papel como voz latinoamericana colectiva en el debate global. Una de las primeras grandes intervenciones del año fue la presencia de varios miembros del consorcio en RightsCon 2025 en Taipei, Taiwán. Las organizaciones miembro de AlSur llevaron a Taipei una agenda diversa y estratégica, con sesiones y paneles enfocados en los principales desafíos que enfrenta América Latina: privacidad y protección de datos personales, regulación de la inteligencia artificial, derechos de las mujeres y comunidades LGBTIQ+ en línea, acceso a la justicia digital, y la lucha contra la vigilancia masiva, entre otros. Por ejemplo, AlSur co-organizó paneles sobre la regulación de IA en América Latina (analizando riesgos de techno-solutionism versus la influencia regulatoria de Europa), sobre la rendición de cuentas de empresas tecnológicas frente a denuncias de derechos humanos, y sobre esfuerzos conjuntos para preservar la privacidad de personas migrantes, por mencionar algunos. 

En paralelo, AlSur adoptó un enfoque más estratégico y planificado para su participación en otros foros internacionales clave. Con el impulso de la nueva Coordinación de Incidencia, el consorcio realizó un mapeo y priorización de espacios donde enfocarse, con el objetivo de aprovechar mejor sus recursos colectivos. Durante 2025 se definieron tres foros prioritarios en la agenda de incidencia conjunta de AlSur, dada su relevancia para los derechos digitales de la región:

• Proceso WSIS+20 (Revisión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información): AlSur dio seguimiento cercano al proceso de revisión de 20 años de la CMSI, reconociéndolo como un espacio crítico para influir en la gobernanza global de Internet. En marzo, el consorcio presentó una contribución escrita a la consulta de WSIS+20, en la cual destacó logros a preservar (como la creación del IGF y la inclusión incipiente de un enfoque de género) pero también instó a reforzar el modelo multistakeholder y a garantizar que los mecanismos de participación incorporen la perspectiva de derechos humanos. Miembros de AlSur (como Derechos Digitales) articularon con otras ONG internacionales a través de la Global Digital Rights Coalition para alinear estrategias. Finalmente, varios representantes de AlSur participaron en la conferencia de cierre de WSIS+20 y en espacios paralelos durante el IGF 2025, asegurando que las voces latinoamericanas fueran escuchadas en la evaluación de estos 20 años de gobernanza digital.
• Convención de Ciberdelitos de la ONU: Dada la importancia de este nuevo tratado global (adoptado a fines de 2024) y sus potenciales impactos negativos en la región, AlSur conformó un grupo de trabajo enfocado en el seguimiento de la Convención sobre Ciberdelincuencia. Organizaciones miembro que ya venían trabajando el tema –Derechos Digitales, R3D, Karisma y Hiperderecho, entre otras– lideraron esta iniciativa. Durante 2025 se compartieron análisis sobre las sesiones de negociación previas y las principales preocupaciones (por ejemplo, la falta de distinción entre delitos informáticos puros y delitos comunes cometidos con tecnología).
• X Cumbre de las Américas (OEA): Previendo que la décima Cumbre de las Américas, programada para fines de 2025, abordaría aspectos de la transformación digital y la gobernanza de Internet en el hemisferio, AlSur decidió involucrarse activamente en ese proceso. Si bien AlSur históricamente se había enfocado más en foros globales que hemisféricos, en 2025 se sumó por primera vez a una iniciativa colectiva de la sociedad civil interamericana para incidir en la agenda de la Cumbre. Junto a organizaciones como Artículo 19, Fundación Wikimedia y Electronic Frontier Foundation, el consorcio co-firmó y publicó una aportación conjunta con recomendaciones en materia de derechos digitales de cara a la Cumbre. Para dar seguimiento a este posicionamiento, AlSur organizó el 6 de octubre una reunión virtual informativa dirigida a delegados gubernamentales de la región, especialmente de Cancillerías y misiones ante la OEA.. La respuesta fue positiva: varios delegados mostraron interés en las perspectivas presentadas y se acordó continuar el diálogo en las semanas previas a la Cumbre. No obstante la Cumbre de las Américas fue finalmente suspendida.  

Como parte de su misión de fortalecer capacidades y ampliar la comunidad de los derechos digitales en la región, en 2025 AlSur llevó a cabo la tercera versión de su curso de onboarding (inducción) en derechos digitales. Este programa formativo, iniciado en 2021, busca transmitir a nuevos integrantes de los equipos de las organizaciones de AlSur,  el conocimiento acumulado de la experiencia del consorcio.La edición 2025 del curso presentó importantes novedades en contenidos y modalidades, asegurando un mayor alcance y actualización temática.

Durante julio y agosto se trabajó en la actualización del plan de estudios, incluyendo un nuevo módulo temático sobre IA y medio ambiente. Asimismo, todo el material educativo fue actualizado con las tendencias más recientes hasta 2025, incorporando casos y ejemplos latinoamericanos, e incluyendo referencias a desarrollos normativos del año (como las nuevas leyes de IA o los debates sobre ciberdelitos). La versión en línea del curso se lanzó en la segunda quincena de septiembre de 2025 y se organizó una sesión presencial en el mes de octubre, anexo al taller anual de CELE.

Este esfuerzo educativo sienta bases para una participación más informada y capacitada en las discusiones sobre políticas digitales, nutriendo el espacio cívico con voces nuevas y preparadas para defender los derechos humanos en el entorno digital.

Reflexiones finales y desafíos hacia 2026

Frente a un contexto regional e internacional marcado por tensiones, AlSur consolidó - a través de sus miembros - varios logros y discusiones importantes.

Si bien en términos institucionales se puede decir que AlSur sale fortalecido, lo cierto es que el contexto de los derechos humanos y la situación del ecosistema de organizaciones a nivel regional y global, se encuentra en un duro momento. Hoy no sólo existen más situaciones de preocupación y de riesgo, pero también, las herramientas con las que nos enfrentamos a éstas se encuentran debilitadas. Un aprendizaje clave para el futuro será las capacidades de adaptabilidad, resiliencia y sobre todo, colaboración. 

En el plano programático, AlSur alcanzó en 2025 una alta sincronización de sus esfuerzos de incidencia regional e internacional. La identificación de foros prioritarios y la mayor articulación marcaron un hito en la forma de trabajar conjuntamente. El reto será dar seguimiento y profundizar en esos frentes de incidencia ya abiertos. Por ejemplo, tras la adopción del Convenio de Ciberdelitos, vendrá la etapa de implementaciones nacionales: AlSur deberá apoyar a sus miembros en cada país para que incidan en la elaboración de leyes internas que reflejen estándares de derechos humanos, o en su caso, para resistir normativas regresivas inspiradas en el tratado. Igualmente, luego de WSIS+20, la atención se dirige a la construcción del Global Digital Compact hacia 2026: AlSur tendrá que asegurarse de que la perspectiva latinoamericana permanezca presente en las discusiones de la Cumbre del Futuro de la ONU, exigiendo que las bellas declaraciones se traduzcan en compromisos tangibles. Todos estos procesos demandarán perseverancia y articulación por parte del consorcio, así como la flexibilidad para reaccionar a eventos imprevistos (electorales, sociales o tecnológicos) que puedan surgir en el camino.

El contexto externo en 2026 probablemente seguirá presentando grandes tensiones entre, por un lado, nuevas normas y acuerdos internacionales, y por el otro, la persistencia de tendencias autoritarias y de control en el ámbito digital. Es previsible que los Estados latinoamericanos enfrenten presiones tanto de potencias globales como de empresas tecnológicas en la definición de sus políticas digitales –sea en ciberseguridad, inteligencia artificial u otros temas emergentes–. En este panorama, AlSur deberá redoblar esfuerzos para amplificar la voz de la sociedad civil y promover estándares regionales que frenen el impulso vigilante y regresivo. Un desafío crucial será llevar el conocimiento generado y las recomendaciones de AlSur hacia los ámbitos nacionales, aterrizando la incidencia global en cambios locales. Para ello, el consorcio planea fortalecer la articulación con redes y organizaciones nacionales, de modo que las propuestas colectivas tengan eco en congresos, tribunales y agendas públicas de cada país.

En conclusión, AlSur enfrenta 2026 con una alta cautela. Si bien reforzamos nuestra convicción de que la defensa de los derechos digitales debe hacerse de manera colectiva, interseccional y solidaria. La paradoja señalada en el balance global de 2025, nos recuerda que nuestra posición es también política.En 2026, continuaremos unidos, aprendiendo de nuestros aciertos y errores, para que el entorno digital latinoamericano sea cada vez más un espacio de democracia y derechos humanos garantizados para todas las personas.