Aportación conjunta en relación a la X Cumbre de las Américas

Los gobiernos de la región se darán cita el próximo diciembre en República Dominicana, con motivo de la X Cumbre de las Américas. Para la agenda están ya definidos varios temas críticos en torno a la seguridad ciudadana, prosperidad compartida y sostenibilidad. Al ser un espacio de toma de decisiones que afecta a toda la región, conjunto a otras 25 organizaciones de la sociedad civil y la academia, pedimos que la agenda y  decisiones que se consideren tomen en cuenta a los derechos humanos en la era digital.

Entre las firmantes está  AlSur, consorcio que articula a 11 organizaciones latinoamericanas dedicadas a defender derechos humanos en entornos digitales. Juntas, estas voces han elaborado una Aportación Conjunta que es, al mismo tiempo, diagnóstico y hoja de ruta para que la tecnología esté al servicio de las personas, y no al revés.

El documento parte de una constatación: el espacio cívico digital es hoy tan importante como las plazas, las calles o los medios de comunicación. Sin acceso significativo a Internet, sin habilidades digitales y sin transparencia en el uso de tecnologías por parte de los Estados, la participación ciudadana y la democracia misma se ven debilitadas. Por eso proponen políticas que reconozcan el acceso a Internet como un derecho esencial, que impulsen la interoperabilidad y el software abierto, y que promuevan programas de alfabetización digital con perspectiva de género para cerrar brechas y prevenir violencias en línea.

Otra alerta tiene que ver con la vigilancia estatal. En la última década, se han multiplicado en la región las tecnologías de monitoreo masivo, reconocimiento biométrico, interceptación de comunicaciones o uso de software espía, muchas veces sin controles, sin transparencia y sin justificación legal suficiente. Las organizaciones piden frenar —incluso con moratorias— el uso de herramientas que pongan en riesgo los derechos humanos, exigir autorización judicial previa, y garantizar que cualquier política de seguridad se diseñe con participación ciudadana y rendición de cuentas.

La digitalización del Estado, que promete eficiencia y transparencia, también trae riesgos si se hace sin diagnósticos, sin control democrático y sin protección de datos. La Aportación Conjunta advierte que en varios países sistemas automatizados y de inteligencia artificial ya están tomando decisiones que afectan directamente el acceso a políticas sociales, sin que las personas sepan cómo funcionan ni tengan posibilidad de apelación. Por eso reclaman evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de implementar estas tecnologías, así como contratos que obliguen a la transparencia, las auditorías y el uso de soluciones abiertas que puedan ser revisadas por la ciudadanía.

El manejo de datos personales y la ciberseguridad son el cuarto gran frente. En muchos países, las leyes de protección de datos son débiles o inexistentes, y las filtraciones y usos indebidos son cada vez más frecuentes. Las organizaciones piden cerrar vacíos legales, fortalecer las autoridades de control y evitar que la información recolectada para un servicio público se use luego para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas.

Finalmente, la propuesta incluye un capítulo sobre cooperación regional: estándares compartidos de protección de datos y gobernanza tecnológica, transparencia en la compra y uso de tecnologías de vigilancia, y plataformas de diálogo multisectorial que integren diversidad, equidad e inclusión en el desarrollo tecnológico.

En resumen, el mensaje es claro: el futuro digital de las Américas debe construirse con derechos humanos en el centro. Y la X Cumbre de las Américas es una oportunidad que no debería desperdiciarse.